En 1961, al realizar una mirada alarmada de la sociedad Argentina, Tulio Halperín Dongui señalaba una anomalía constante en la historia del país, el síntoma, decía, de la continuidad sostenida de un clima histórico en el que se veía obturado el proceso político y se institucionalizaba la política represiva. Habían transcurrido treinta años desde que la “hora de la espada” daría nacimiento al poder militar y, desde entonces, las crisis político sociales no eran inflexiones en una transición entre situaciones estables, sino una constante.
A fines de la década del cincuenta, la discontinuidad entre las perspectivas iniciales respecto al golpe de estado de 1955 y lo que efectivamente sucedió, incluso, la continuación de un proceso de despolitización o, más exactamente, de militarización de la política, no podía dejar de ser percibido.
El período gestado a partir de 1955, que guarda una estrecha relación con el anterior, estuvo marcado por la violencia política. Se abre con un golpe de estado y su desenlace, más cruento y terrorífico aún, es el “Proceso de Organización Nacional” iniciado en el año 1976. En ese espacio de tiempo se suceden varios golpes militares, ningún gobierno elegido por la ciudadanía completa sus mandatos, se acaecen rebeliones militares, enfrentamientos entre facciones de las tres armas que acompañan y alientan la inestabilidad política. Asimismo, nace la resistencia peronistas, accionan los comandos civiles de la “Revolución Libertadora”, se organiza la acción clandestina de los comandos nacionales peronistas, surgen organizaciones clandestinas, se realizan movilizaciones masivas, paros, huelgas, tomas de fábricas, sabotajes, atentados, acciones que hacia el final del período culminan con la conformación de las organizaciones armadas para, finalmente, desplegarse a través del Estado, con toda su fuerza, el poder totalitario, concentracionario y asesino, a los fines del disciplinamiento y supresión de toda anormalidad (Calveiro: 1998)
Frente a esto mismo, a la Argentina no solo le corresponde una mirada retrospectiva de este período, sino también un ejercicio de memoria, de sus zonas marginales, que exige un debate acerca de la relación entre la violencia política y las formas belicistas que asumió durante el siglo XX y particularmente en la historia contemporánea Argentina. La intromisión recurrente del poder militar en la política y, paralelamente, la politización de las Fuerzas Armadas no pareciera, sin embargo, tan extravagante en el contexto de la guerra fría, bajo esa concepción Hobbesiana de que la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino en un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Tiempos en los que Mac Arthur llevó sus ambiciones militares a los extremos de las atrocidades en Corea o en los que MC Carthy descubría el potencial político de la denuncia a gran escala del enemigo interior, conforme a una nueva concepción militar de los Estados Unido, interesada por la seguridad interior de los países Latinoamericanos. Años sustentados, como dice Hobsbawm, en aquella creencia occidental muy lógica tras la segunda guerra mundial, de que la era de las catástrofes no se había acabado de modo alguno; aguardando y temiendo la posibilidad del advenimiento de una tercera guerra mundial. (Hobsbawm: 1997) En los tiempos en que Eisenhower promovía a un complejo militar e industrial para el saneamiento de la economía estadounidense se instalaban en el Estado Mayor Argentino expertos franceses en la llamada “guerra antisubversiva”, veteranos de la guerra de Argelia, importando la concepción del enemigo interno, la teoría de la contrainsurgencia y la “inteligencia” como recurso para identificar al subversivo entremezclado en la población.
Tampoco pareciera una rareza que se retomaran los modelos de resistencia y lucha de Vietnam, Argelia y Cuba, así como de los movimientos de liberación nacional u otros movimientos de resistencia. La existencia de estos focos discontinuos de lucha, que en un primer momento desorientaron al poder totalitario, se vincula con la metamorfosis de este mismo, es decir, un reordenamiento de las formas que asume el poder expresado en el paulatino abandono de las guerras totales, de enfrentamiento entre ejército, en favor de las denominadas “guerras sucias”.
En 1976, paradójicamente, o no tanto, Michel Focucault, quien indagó suficientemente y de forma fragmentaria sobre un saber de lo anormal, en su curso Hay que defender la sociedad, proponía que el problema era de poder y que debía abodarse en términos de guerra, de combate o de lucha. Asumía que la ley de la historia, su desigualdad, era más fuerte que cualquier ley natural de igualdad. Pero le interesaba algo más, demostrar “cómo, hasta dónde y en qué forma, el derecho transmite y hace funcionar relaciones que no son relaciones de soberanía sino de dominación”, la “inscripción jurídica” de las relaciones de fuerza, partiendo de considerar que a través del derecho la violencia del poder se inscribe en la sociedad.
En este sentido, la intromisión del poder militar en la vida política argentina se plantea entonces no solo como susceptible a ser abordada como resultante de la inestabilidad política[1] o de la conflictividad social[2], sino también de la forma en que se inscribe en la conformación del aparato estatal argentino y de la inserción de las Fuerzas Armadas en la estructura del Estado, así como su expresión jurídica (Rouquié: 1982)
Al respecto, se señaló que ciertos mecanismos y modalidades institucionales de la hegemonía castrense respondieron al divorcio entre el sistema institucional formal y el sistema de poder. Asimismo, se discutió el desarrollo de cierta autonomía y acumulación de poder que permitió a las Fuerzas Armadas asumir en reiteradas ocasiones el papel del Estado, preservándolo y reproduciéndolo, constituyéndose como núcleo de las instituciones ante las dificultades de diversos sectores políticos de elaborar una propuesta hegemónica (Calveiro: 1998). Así, el ejército argentino se habría consolidado como un grupo de poder, con cierta independencia y capacidad de presión y negociación, que accionaba en la vida política de manera extraconstitucional, ampliando sus funciones en materia de defensa nacional e institucionalizando de esta forma la ilegalidad (Horowitz: 1969). Esto supuso una serie de modificaciones en la legislación. Entre tantas, indicaremos una: el diseño e implementación de la ley de organización de la Nación desde tiempos de paz para tiempos de guerra (desde ahora Ley 13234/48) que, junto a una serie de decretos leyes que la cumplimentaron, sistematizaron y pusieron en funcionamiento una maquinaria burocrático represiva en materia de política interna, dirigida por el poder Ejecutivo en connivencia con todas las fuerzas de defensa y seguridad (las tres armas y la policía). Fenómeno histórico cuya novedad e impacto no fue profundizado por la historiografía.
Advirtiendo esta carencia, nos proponemos indagar en que consiste, cual es el funcionamiento y como fue efectivamente aplicada esta ley. Esto supone un estudio de la metamorfosis de las leyes antihuelgas desde la década infame (leyes que permanecieron intactas hasta 1948) con el fin de demostrar que fueron perfeccionadas por la ley 13234/48 bajo el régimen peronista; así como reformadas, ampliadas y aplicadas con más severidad y racionalidad durante el gobierno de Arturo Frondizi. En este sentido, los objetivos del presente estudio no se limitan a un análisis histórico de la normativa, sino también a dar cuenta del funcionamiento de una maquinaria burocrático represiva a partir del análisis de los procedimientos y una tecnología específica habilitada por esta legislación e instrumentada sobre la conflictividad político social. En consecuencia, analizaremos el texto de la ley y decretos leyes sancionados, así como la configuración de organismos estatales explícitamente de supervisión con funciones coactivas, diseñados por el pensamiento militar y técnico para la denominada “defensa nacional”. Posteriormente nos proponemos un análisis comparativo con su aplicación efectiva en dos casos paradigmáticos: por un lado, la huelga de ferroviarios de 1951, la primera y única reprimida con esta legislación durante el régimen peronista. Por otro, el uso que hizo el gobierno de Arturo Frondizi de estos instrumentos jurídicos ampliados, en coordinación con las Fuerzas Armadas, con motivo de la huelga de ferroviarios de noviembre de 1958.
La problematización parte de considerar a la modalidad represiva inaugurada por la ley 13234/48 (y los decretos leyes que la cumplimentaron) en conformidad con al pensamiento bipolar de la guerra fría, así como también con la política de Estados Unidos de asistencia militar a Latinoamérica para la seguridad interna y en relación a las estrategias de lucha contra la insurgencia aplicadas en la guerra de Argelia.
En términos de política nacional, analizaremos de que manera la ley 13234/48 fue movilizada por cada gobierno con criterios desiguales, correspondientes a la caracterización de los enfrentamientos sociales sobre los que se juzgó necesaria su aplicación y a las definiciones que cada una de esas administraciones hizo de su “enemigo interno”. Será bajo el gobierno de Arturo Frondizi cuando el dispositivo se defina más precisamente con una tecnología y organización sistematizada, sobre la base de la ampliación de la ley 13234/48, en el contexto de una tensa relación entre sectores de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Arturo Frondizi. Los planteos de los “ultras” tuvieron como eje el reemplazo de la política integracionista por la intransigencia respecto al accionar de la resistencia peronista. Esta relación conflictiva fue agravada por el triunfo de la Revolución Cubana y la aparición del fantasma del comunismo en Latinoamérica, proceso que culminará con una suerte de cogobierno de la Fuerzas Armadas, la designación de Toranzo Montero como Comandante en jefe del Ejército, con la sanción pública del Plan CONINTES (movilizado por la ley 13234/48) y, posteriormente, de la ley contra terrorismo.
Respecto al funcionamiento del dispositivo movilizado por esta ley, intentaremos demostrar que su diseño y aplicación, durante el período comprendido por los años 1948 y 1961, sistematiza y legitima gradualmente una modalidad represiva novedosa respecto del proceso ambiguo de institucionalización de la política represiva y de autonomización del poder militar, facilitando la negociación y/o presión legítima para su intervención en el proceso político.
Lo anterior se observará en tanto hacia fines de la década del cincuenta: Por un lado, se institucionaliza y sistematiza una tecnología ilegal de las fuerzas represivas. Así, la coexistencia ambigua entre legalidad e ilegalidad, como la invocación al secreto, parecieran ser elementos constitutivos del aparato represivo. De igual forma, se militarizan recursos materiales y humanos con criterios geopolíticos. Observamos entonces que la realidad política se ve reducida a los términos de enfrentamiento bélico, definiendo a los actores políticos opositores al gobierno como “enemigos” que constituyen un peligro inminente que es preciso conjurar. De esta forma se gesta, a partir de los efectos de la aplicación de esta legislación, la construcción arbitraria de un otro entremezclado entre la población y perturbador para las Fuerzas Armadas y el Estado: el subversivo.
Por otro lado, a los fines de su represión, se crea una burocracia militar formada y coordinada bajo organismos dispuestos específicamente para vigilar y penalizar a los detenidos políticos. Dirigido por el poder Ejecutivo, facultado con poderes de guerra y judiciales, este mecanismo burocrático autoritario queda bajo jurisdicción militar con sus códigos, consejos de guerra, tribunales militares y cárceles. En este punto, observaremos que si bien el eje de la actividad represiva seguirá girando en torno a la cárcel, se produce un cambio sustancial, ya que por la militarización previa del detenido las penas sentenciadas por los tribunales militares o consejos de guerra se cumplirán en institutos penales militares.
Del mismo modo, la ley dispone entonces la organización de un dispositivo burocrático coercitivo que unifica la acción coordinada de las tres fuerzas y las policías provinciales subordinadas a ellas por un decreto secreto del año 1958 (9880 “s”/ 58) En consecuencia, se militarizan también las fuerzas policiales, entrenadas y habilitadas para el interrogatorio y la tortura. Igualmente, el poder militar organiza los operativos represivos a partir de una delimitación geopolítica del país en zonas y sub zonas de defensa que identificaremos: distribuyendo comandos especialmente creados, militarizando algunas de estas regiones y conjurando contra los poderes políticos provinciales a través de informes elaborados a partir de investigaciones de inteligencia interna o por medio de rebeliones, estas funcionaron como intervenciones federales encubiertas o minigolpes a las gobernaciones.
En base a observar en profundidad el funcionamiento de esta modalidad represiva particular - naturalizada por los estudios historiográficos- esta investigación se propone problematizar históricamente la función social y política compleja de la existencia de un doble sistema punitivo, civil y militar, que no castiga los mismos delitos y el mismo género de delincuentes. Al no tratarse de delincuentes sino del denominado “enemigo interno” y no de delitos sino de lo que fue caracterizado como “subversión”, resta preguntarse si se trata de verdaderas modificaciones al régimen penal o al despliegue de un dispositivo burocrático represivo que se pone en funcionamiento a partir de la declaración de un estado de guerra interno y, fundamentalmente, que forma y profesionaliza recursos para la intervención del poder militar, no sólo como poder armado sino como un poder con cierta autonomía, con fines disciplinares y normalizadores no de cualquier conflicto, sino del conflicto político.
La convivencia ambigua de la ilegalidad institucionalizada, la evocación al secreto de Estado que encubre parcialmente la violencia política, los vacíos historiográficos respecto a estos hechos, dificultan la comprensión del período. Por esta razón, consideramos que es vital interrogar al pasado acerca de las consecuencias que esto tuvo sobre la vida política social argentina.
[1] Desde este enfoque, diversos autores caracterizaron al proceso abierto por la Revolución Libertadora como “semi democrático” (Rouquié : 1982), de “Parlamentarismo negro” (Horowicz: 1993), de “Empate Hegemónico” (Portantiero: 1977) o “guerra civil larvada” (Donghi, T. H : 1994). Asimismo, desde las ciencias políticas y la historia, se abordó el problema conceptualizando la existencia de dos tendencias ordenadoras frente a la cuestión peronista: por un lado, las que proponían la integración y , por otro, las que ponderaban la exclusión. (Smulovitz: 1991) (Spinelli: 2000)
[2] En diversos trabajos se indaga específicamente el enfrentamiento social, en relación al proceso político y la transformación económica operada a partir de 1955, poniendo el eje en el comportamiento de otros actores políticos participantes como las organizaciones sindicales, movimientos estudiantiles, el movimiento obrero en su conjunto y los primeros Comandos Nacionales Peronistas en vísperas de su resistencia activa en huelgas, paros parciales, tomas de fábrica y sabotajes. (Schneider: 2005), (Pozzi: 1994), (Raimundo: 2000), (Ghigliani: 1998), (Balvé: 1989), (Cotarelo y Fernandez: 1994), (Tcach: 2003), (Gordillo: 2003), (James: 2003), (Torre: 1982), (Horowicz: 1993), (Salas:1990).
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